Moldavia asegura que el ataque con lanzagranadas a un edificio gubernamental en Transnistria pretende “crear pretextos” para poner a prueba la seguridad en la región separatista

Varias explosiones ocurrieron este lunes en la sede del Ministerio de Seguridad Pública en Tiraspol, capital de Transnistria, tras un ataque con lanzagranadas que no causó heridos, indicó la policía de esta región separatista de Moldavia apoyada por Rusia. „Las ventanas de los pisos superiores se rompieron. Una humareda salió del local.

El territorio adyacente está cercado por policías”, declaró las fuerzas del orden de Transnistria en un comunicado. Según las primeras informaciones, al edificio se le hicieron disparos de lanzagranadas portátiles. „Nadie resultó herido”, subrayó.

Las explosiones sucedieron este lunes a las 15H00 GMT, según testigos citados por medios locales. En las fotos publicadas en las redes sociales por testigos, se puede ver la puerta de entrada al edificio dañada y las ventanas rotas. Bomberos y policías acudieron al lugar y el tráfico en el centro fue bloqueado. Fronteriza con Ucrania, Transnistria se separó de Moldavia tras una breve guerra civil (1992-1993) tras la caída de la Unión soviética. La región separatista tiene su propia moneda y sus propias fuerzas de seguridad.

Este territorio, con unos 500.000 habitantes, depende en su totalidad de Rusia, que le suministra de manera gratuita gas. Transnistria no está reconocido como Estado por la comunidad internacional, incluido Rusia.

“Crear pretextos”

La Oficina de Política de Reintegración de la República de Moldavia mostró su preocupación por el incidente ocurrido en Tiraspol. “Según la información disponible, desconocidos dispararon lanzagranadas contra la sede de la denominada estructura de seguridad en la región. No hay víctimas ni heridos, conforme a datos preliminares”, señaló en un comunicado.

“El objetivo del incidente de hoy es crear pretextos para poner a prueba la situación de seguridad en la región de Transnistria, que no está controlada por las autoridades constitucionales. En este contexto, la Oficina para la Política de Reintegración hace un llamado a la calma y, junto con las instituciones nacionales pertinentes, vigila la evolución del caso mencionado”.